Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas - Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) - Cátedra C - Profesor: Hector J. Zimerman

lunes, 6 de marzo de 2017

MATERIAL DE LA GUIA DE RELECTURA: UNIDAD 3

HISTORIA CONSTITUCIONAL. UNIDAD III- GUÍA DE RELECTURA.

LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. RESIDENTES EN LA PENÍNSULA Y RESIDENTES EN AMÉRICA.

EL REY Y SUS FUNCIONARIOS.

Los Reyes de España –de todas las Españas y de todos sus dominios de América- tuvieron plena conciencia –lo mismo cuando se trataba de un Felipe II que de un Carlos II el Hechizado, de un Carlos III que de un Carlos IV- de todo lo que significaba o podía significar, tener en sus manos y a su servicio ese poder enorme de la burocracia. Supieron que no les convenía tratar de disminuir ese poder, que les había permitido aniquilar, políticamente, a las otras fuerzas del Reino: nobleza no cortesana, Cabildos de las ciudades con su representación en las Cortes.

Supieron también que la utilización, por su parte, de ese formidable instrumento de dominación política, sólo podía conseguirse mediante un sistema de gobierno que les permitiera ser, en todo momento, árbitros de la situación, apoyándose en una doctrina que un complejo de circunstancias históricas habían hecho realizable.

Si de un lado se concedieron a Virreyes, Presidentes y Gobernadores Independientes, amplísimas atribuciones por medio de Instrucciones muy minuciosas a las cuales habían de ajustarse estrictamente en el desempeño de sus cargos respectivos.

La obligación de informar a la Corona con meticulosidad excesiva, se impuso como deber ineludible a todas las autoridades coloniales de alguna significación. Se había de informar, virtualmente, sobre todo: sobre los distintos ramos de la Real Hacienda, sobre actos de Gobierno y Administración, sobre el ejercicio por delegación del Regio Patronato Indiano, sobre asuntos de Justicia, sobre Comercio y Navegación, sobre problemas relacionados con las Misiones, las Reducciones de Indios y los Negros. Lo mismo habían de ser objeto de información actos de alta trascendencia y de interés general, que hechos de interés restringido o estrictamente particular. Esta obligación de informar era previa a todo acto resolutivo; únicamente ante imperativos de la realidad política que demandaban urgente resolución podía dictarse la providencia oportuna, dando cuenta a la Corte, a posteriori, de las decisiones adoptadas. No es exagerado afirmar que Virreyes y Presidentes, Audiencias y Gobernadores, vieron limitadas en buena parte sus actividades político-administrativas, aun tratándose de casos en que sólo se habían de aplicar normas establecidas de antemano.

Y junto a este agobiante deber informativo, la figura jurídica de la Real Confirmación.

Sería difícil tratar de delimitar el área de aplicación de esta figura jurídica-encomiendas de indios y ventas y composiciones de tierras baldías o realengas, remates y renunciamientos de los Oficios Públicos enajenables, asientos otorgados con personas particulares para la construcción de caminos o de otras obras públicas a cambio de determinadas gracias o mercedes, Ordenanzas redactadas por las Audiencias, los Cabildos Municipales y otros organismos administrativos, raro era el acto jurídico de alguna significación que no necesitase de la confirmación del Rey para obtener plena validez.

EL CONSEJO DE INDIAS.

1.- Hemos anotado las características de las casas reinantes durante el período hispánico o colonial. La monarquía era de derecho absoluto y la conquista se realiza en nombre del rey, para el rey. Es por supuesto, la máxima autoridad y la que decide en última instancia no existe –salvo Dios- autoridad alguna que pueda ejercer control sobre sus decisiones y, aun más, en las relaciones con la Iglesia se reserva el derecho de patronato. Durante los Austrias, y principalmente con Carlos V, el proceso de expansión de España resulta espectacular y la grandeza imperial semeja una reedificación del sacro imperio, en tanto con Felipe II se consolida el estado español. Es así que ese proceso expansionista obliga a la creación de instituciones para cada colonia. Los Reyes Católicos no habían consolidado el estado y las instituciones por ellos creadas participaban aun del sistema de la iniciativa privada, a través de los adelantamientos de tierras para el Rey, lo que implicaba todavía la existencia y supervivencia del régimen comunal, sistema que Carlos V arrasa, organizando las líneas del estado español.

2.- De tal manera se crea un organismo especial para las Indias, el Consejo Supremo, que es el primitivo Consejo de Castilla. Acerca de su establecimiento se fijan diferentes fechas, aunque podríamos remontar su fundación al 4 de agosto de 1524, tal como lo sostuviera Ravignani. En efecto, a partir del descubrimiento de América se designó como secretario para el despacho de Indias al arcidiácono Fonseca. Obispo de Burgos, quien fue llamado por Fernando en el año 1509 para presidir los asuntos referentes a Indias; posteriormente se habilitó una Sala especial para el tratamiento de dichos asuntos, aunque durante la regencia del Cardenal Cisneros la influencia de Fonseca amenguó notablemente. El Cardenal Cisneros estableció juntas periódicas, de carácter no permanente, que se llamaban Plenum Concilium Indiarum, que era un cuerpo de gobierno eclesiástico, militar y político. Carlos I, en el año 1517, creó la superintendencia para asuntos de Indias. Entre los años 1519 y 1520 sucedió una agria disputa entre Foncesca y Fray Bartolomé de las Casas con referencia al tema de la conquista, que terminó con el triunfo de las razones esgrimidas por las Casas; a raíz de ello se designó, en el año 1522 a Fray Gerónimo Loayas para el gobierno de Indias y en 4 de agosto de 1524; virtual fecha de la fundación efectiva del Consejo, se encargó al nombrado la presidencia, es decir, que en 1524 culmina el proceso de formación de esa institución. Diferentes cédulas reales de Carlos V, Felipe II y Felipe IV, determinan que el Consejo resida en la corte, teniendo la suprema jurisdicción de las Indias, haga leyes, examine estatutos e intervengan en todos los negocios que de ellas resultaran y dependieren y por el tiempo que a las mismas convenieren, su principal cuidado será la conversión de los indio y su buen tratamiento. El Consejo subsistió hasta 1812, aun después de la revolución, siendo suprimido por las Cortes de Cádiz y su Constitución junto con los demás consejos; Fernando VII los mandó restablecer en 1814 pero posteriormente fueron definitivamente suprimidos. La Constitución Cádiz creaba un Consejo de Estado y establecía Cortes legislativas. Según se ve, fue una institución de larga duración y de enorme importancia como órgano supremo del gobierno de las Indias.

3.- Las funciones del Consejo, en un primer momento no del todo determinadas, se fueron ordenando durante el siglo XVI; tanto el gobierno político como el administrativo quedó a su cuidado, era tribunal de última instancia en las diferentes jurisdicciones, se ocupaba del tratamiento de los indios, del nombramiento de funcionarios, de las expediciones y flotas, de las actividades científicas y del mejor conocimiento geográfico de las colonias, en fin, de todo lo atinente a Indias, con subordinación solamente a la autoridad del monarca. Se trataba de un organismo colegiado, compuesto por un presidente y ministros, en número de cinco, que a los efectos de las reuniones se dividían en Salas. Los negocios a considerar se dividían por temas en los diferentes días de la semana, tratándose de preferencia aquellos que exigían la concurrencia en pleno de los miembros del consejo, en tanto los demás pleitos eran repartidos por salas, las leyes para las Indias deberían ser los más conformes posibles a las del reino, en cuanto la permitiere la diversidad y diferencia de las tierras y naciones; en materias graves de gobierno debería concurrir todo el Consejo, en tanto en las demás con un número no inferior a tres miembros o consejeros; deberían llevarse libros de acuerdos y consultas.

El Consejo –según ya lo expresáramos.- residía en la corte, con los ministros y oficiales determinados por la ley. El presidente tenía la obligación de determinar la categoría de los asuntos y repartirlos en salas, debía formular proposiciones atinente a los mismos al Consejo y en caso de duda su voto era decisorio; en caso de impedimento era reemplazado por el consejero más antiguo; además tanto el presidente como los consejeros tenían rigurosos impedimentos: no debían tener encomiendas de indios ni negocios particulares en Indias, debían guardar estricto secreto de las actuaciones del Consejo, no podían casar a sus hijos con quienes tuvieran intereses en las colonias, no debían recibid dádivas, préstamos o presentes ni escribir cartas de recomendación, etc. Diferentes funcionarios colaboraban con el Consejo: el gran canciller, que tenían a su cargo el sello real; el teniente de gran Canciller, designado por aquél, que lo reemplazaba en caso de ausencia o impedimento; el fiscal del Consejo, a quien correspondía cuidar la estricta aplicación de la ley y defender la jurisdicción, patrimonio y hacienda real. Dos secretarios del Consejo, cada uno con dos oficiales mayores y dos segundos, tenían la obligación de asentar los decretos, ordenar los despachos, cuidar del archivo y de la correspondencia llevar los libros de provisiones y representaciones, en fin, intervenir en lo atinente a los trámites administrativos del Consejo; un tesorero general, que se ocupaba de todo lo atinente a precepciones, cobranzas, percibir condenaciones y depósitos, realizar las diligencias necesarias para la ejecución de las deudas por impuestos, etc. Había también contadores de cuentas; un alguacil mayor, que llenaba funciones de jefe de policía: tres relatores de Cámara, que tenían a su cargo la lectura y resumen de los expedientes que debía examinar el Consejo, generalmente muy voluminosos y engorrosos; un escribano de Cámara, etcétera.

Existían otros funcionarios auxiliares, alguaciles, procuradores, capellanes (para decir misa los días de reuniones), tasadores del proceso, procuradores de pobres, etc. En la ley II del título 14 se hace referencia a las obligaciones y derechos de los abogados en su actuación en los procesos. El cronista mayor del Consejo tenía por tarea la de escribir la historia general o de las provincias en particular, con la mayor precisión y verdad posibles, averiguando los hechos y acaecimientos, sus causas, ritos, antigüedades, etc., “para que de lo pasado se pueda tomar ejemplo en lo futuro, sacando la verdad de las relaciones y papeles más auténticos y verdaderos que se nos enviaran en nuestro Consejo…”, es indudable la importancia de los cronistas, que nos han legado fuentes imprescindibles e irreemplazables, a las cuales debemos recurrir para el estudio de la época, las Crónicas de Herrera, entre muchas otras, ejemplifican lo expresado. En lo referente al desarrollo de los estudios científicos de Indias también resultó relevante la figura de otro funcionario, el cosmógrafo y catedrático de matemáticas del Consejo.

4.- Numerosas e importantes fueron las funciones del Consejo de Indias.

Eran notables sus funciones legislativas: formulaba leyes, cédulas, ordenanzas, pragmáticas, provisiones reales, cuerpos que resultaban fuente de derecho indiano. Y también: “ver y examinar, para que no las aprobemos y mandemos guardar, cualesquier ordenanzas, constituciones y otros estatutos que hicieran los prelados, capítulos, cabildos … y nuestros virreyes, audiencias, consejos y otras comunidades de las Indias, en las cuales y en todos los demás reinos y señoríos en las cosas y negocios de Indias y dependientes de ellas, el dicho nuestro consejo sea obedecido y acatado, así como o son el Consejo de Castilla y los otros nuestros consejos en lo que les pertenece y que sus provisiones y mandamientos sean en todo y por todo cumplido y obedecidos en todas partes…”.

En asuntos eclesiásticos el Consejo recibía en consulta las disposiciones pontificas y atendía todo lo referente al ejercicio del patronato.

En lo administrativo eran múltiples sus funciones, aunque con el tiempo se fueron creando organismos adecuados y especializados, que naturalmente limitaron su tratamiento a los asuntos más importantes. En un principio se ocupó del despacho de los navíos a las Indias, de los gravámenes sobre las mercancías exportadas (el denominado derecho de “habería”). Establecía lo que hoy podríamos denominar “carrera administrativa”, proponiendo al rey los funcionarios para América y entendía, asimismo, en todo lo referente a cuestiones de jurisdicción en Indias.

En material judicial tenía funciones originarias y en grado de apelación. Como funciones o atribuciones privativas y originarias, se encargaba de los juicios de residencia y visita. Los altos funcionarios (virreyes, presidentes, gobernadores, etc.), se encontraban sometidos a juicio de residencia, substanciado al finalizar el mandato. Este juicio se diferencia del político, al cual quedan sometidos los magistrados o funcionarios, en que éste se substancia por actos cometidos durante el mandato y ejerciéndose las funciones, en tanto aquél es post fact, es decir, después del ejercicio de la función. Al efecto se designaba un juez residenciador que concurría al lugar donde ejercía funciones la persona residenciada y el juicio podía terminar, como solía pasar en la mayoría de los casos, aprobando los actos ejercidos durante el tiempo de la función o, en ocasiones, con sentencia condenatoria, acogiéndose las pruebas concretas, luego de lo cual el juez resindenciador enviaba un memoria Consejo para que resolviera en definitiva. En ocasiones excepcionales el funcionario podía ser exento del juicio de residencia, pero era norma general que todos los funcionarios estuvieran sometidos a él, aunque los de menor categoría eran juzgados por la Audiencia luego de escuchar el memorial del juez residenciador”. En principio era el fiscal del consejo el juez rersidenciador y su misión consistía, según ya lo dijéramos, en investigar la forma cómo se habían desenvuelto los funcionarios en sus puestos. Su misión era de substanciar y elevar el sumario, debiendo trasladarse el lugar de las funciones para recibir declaraciones.

El juicio de visita se diferenciaba del de residencia, en cuanto la visita se realizaba en cualquier momento en que surgiera una sospecha o denuncia de un fraude o abuso del poder. La visita era una inspección realizada por un juez visitador, que tenía facultades muy amplias, incluso la de suspender en sus funciones a los inculpados. Este juicio podía ser de carácter general y a raíz de la visita podrían aconsejarse las medidas para poner remedio a los males denunciados, o de carácter especial, para una determinada materia y en un ámbito y en un ámbito reducido a la designación de jueces-pesquisadores, nombrados por las más altas autoridades coloniales, aunque con atribuciones meramente informativas no pudiendo tomar providencias por sí mismos como ocurría con el visitador. En ocasiones, a raíz de las visitas, se dictaban ordenanzas condiciones para remediar ciertas situaciones injustas; así, por ejemplo, son famosas las Ordenanzas de Alfaro (que llevan el nombre del visitador Alfaro) referentes al tratamiento de los indios.

En cuanto a las funciones judiciales del Consejo, la Ley LVIII del título II expresaba que en lo posible se debería abstener en negocios de justicia, entendiendo con ello darle más características legislativas y administrativas que judiciales, pero lo facultaba, aparte de su jurisdicción y competencias originarias en los juicios de residencia y de vista, para intervenir en los pleitos de segunda suplicación y en las demandas sobre repartimiento de indios; el recurso de segunda suplicación e injusticia notoria se interponía para ante el Consejo en contra de los fallos de la Audiencia, conforme con el monto e importancia del asunto; asimismo en apelación de los pleitos criminales fallados por la Casan de Contratación, o de los civiles que vinieren de ella en montos que excedieran la suma de seiscientos mil maravedíes y asimismo podría una real cédula indicar expresamente la jurisdicción del Consejo en causas de suma gravedad que considerara debía avocarse este organismo, aun que era regla general que no podían conocer de aquéllas en las que deberían por ley intervenir audiencias y cancillerías de Indias.

Para los negocios y materias de guerra interviene el Consejo en la Junta de Guerra, formada por cuatro consejeros de cada consejo; la juntan puede ser ordinaria o extraordinaria, en este último caso convocada para casos graves y urgentes, interviniendo tanto en asuntos de guerra de mar o de tierra y también en lo referente a la hacienda de armadas y flotas, asimismo en las apelaciones de sentencias que se refieren a los individuos amparados por el fuero militar.

El Consejo interviene en lo relativo al tratamiento de los indios. Las bulas papales no sólo sirvieron para deslindar las jurisdicciones entre castellanas y portugueses, sino también tuvieron por finalidad la conversión de los infieles al cristianismo. Existen varias etapas con referencia al tratamiento conforme con los límites de nuestro trabajo. Sabemos que el indio es, desde un comienzo, considerado persona, no como cosa (al contrario del negro, al que se lo considera esclavo), aunque sometido a restricciones, algo así como un menor emancipado, triunfando la tesis no esclavista, desde las leyes de 1542 y principalmente en la Recopilación de 1680.

Si bien eran consideradas como vasallo libres de la corona, su libertad quedaba condicionada a la de las personas que requieren protección legal o tutela; también tal libertad se vio cercenada desde el punto de vista económico a través de las encomiendas y repartimientos. La ley cede, en la práctica, ante la violencia en los repartimientos para la realización de diferentes actividades económicas, principalmente cultivo de la tierra y trabajo de las minas. Fray Bartolomé de las Casas denunció en suBrevísima relación de la destrucción de las Indias el sistema de violencia y terror a que el indio era sometido. Esta obra provocó una reacción que se concretó en las ordenanzas de los años 1542 y 1543. Posteriormente se incorporan a la Recopilación de 1680 las ordenanzas de Toledo –llamadas así por el apellido del virrey del Perú que las redactaras- que hacen referencia a repartimientos y encomiendas. Ya en 1503 se reunía a los indios en “agrupamientos” en ciudades semejantes a las españolas, sin caciques, pero más tarde son compelidos al trabajo mediante el pago de salarios. Aunque, como se ha repetido reiteradamente, se trataba de un grosero engaño, pues el trabajo no se abonaba, lo que provocó numerosos levantamientos que fueron sangrientamente reprimidos. Más adelante se tiende a la supresión de los repartimientos sin desconocer, empero, la subordinación del indio. Si bien la encomienda, forma de repartimiento, tuvo origen castellano, la institución muy pronto se diferenció de la hispánica. Aunque el encomendero, que tenía a su cargo grupos de familias de indios con sus propios caciques, se obligara a proteger a los indios y cuidar de su educación religiosa, muy pronto el sistema se trocó en una modalidad de servicio personal semejante a la esclavitud. Otra forma de tratamiento de los indios se efectivizó mediante reducciones y corregimientos, según las cuales quedaban reducidos en poblaciones bajo la autoridad del corregidor de indios.

Asimismo los indios quedaban obligados al pago de un tributo de carácter personal, por lo que tal institución quedó también incorporada, lo mismo que la mita, de origen indígena, que podía abarcar diferentes tipos de trabajo aunque en la práctica prevalecía la mita minera. Según se ve, múltiples y complejos resultarán los problemas referentes a los indios. El Consejo tuvo que resolver numerosas cuestiones y dar soluciones en problemas muy complicados.

LA CASA DE CONTRATACIÓN.

1.- El antecedente de la Casa de Contratación, otro de los organismos colegiados residente en España para asuntos de América, lo hallamos en mayo de 1493, cuando Fernando e Isabel escogieron un miembro de su Consejo, Juan Rodríguez de Fonceca, arcidíacono de Sevilla y capellán de la reina, para que cooperase con Colón en los preparativos de su viaje. Más tarde que organizado como establecimiento comercial para las operaciones de importación y exportación de mercancías. En 1503 se funda la Casa de Contratación con asiento en Sevilla y se le van asignando sus funciones específicas. Por ordenanzas de Alcalá de Henares (20 de enero de 1503) se asignan tres empleados para la atención de la Casa, a cuyo cargo correría la administración de la nueva institución, además un tesorero con un contador y un secretario, luego se agregará un factor, designándose para tal cargo a Francisco Pinelo.

2.- La Casa de Contratación resulta el primer cuerpo administrativo creado en España para fortalecer sus descubrimientos y es así que de simple casa de comercio, tal como la conciben las primeras ordenanzas, depósitos o almacenes de mercaderías, y abastos navales, va adquiriendo categoría de institución muy importante. Casi enseguida realiza un registro sistemático y pormenorizado de todas las transacciones luego resulta el primer paso para el desarrollo de un sistema administrativo tendiente a la fiscalización del comercio entre España y las Indias. Así los funcionarios de América que se comunicaban con la corona debían enviar copias de sus notas a la Casa, en todos los asuntos concernientes a comercio y rentas, debiendo remitir a Sevilla una relación completa de los ingresos y egresos de las tesorerías coloniales. También se legisló sobre emigración, registro de cargamentos, instrucciones para los capitanes de mar, fletamiento de barcos previo examen de la Casa con el objeto de certificar su estado y capacidad: asimismo podía confiscar la mercancía o el oro que viniera sin registro, persiguiendo el contrabando con fuertes multas y penalidades. A mediados del siglo XVI la Casa se había transformado en una institución organizada, con funcionarios cuyas obligaciones se van legislando minuciosamente. En 1584 se dispone que la Casa tenga un presidente, tres jueces oficiales, tesoreros, contador y factor, tres jueces letrados, un fiscal, los cuales entraban en funciones previo juramento de usar bien y fielmente sus oficios, guardando fidelidad y secreto en todo lo que se le requiere. Se le confieren, asimismo, funciones judiciales en lo comercial y en materia penal o criminal en hechos cometidos en los navíos. En la Casa se proveyó a la designación de tres jueces letrados para conocer en los pleitos y negocios de justicia, de cuyas sentencias podría recurrirse al Consejo de Indias en casos criminales graves o en los civiles que tuviera un monto de más de seiscientos mil maravedíes. También se proveyó a la designación de un juez oficial en Cádiz para el despacho de los navíos de Indias.

Ya en la primera mitad del siglo XVI se instituyó una oficina hidrográfica y una escuela de navegación y luego se anexaría el personal científico, tal como cosmógrafo, piloto mayor, etc. Al frente de la escuela de navegación, dependiente de la Casa, se encontraba el piloto mayor, puesto concedido por primera vez a Américo Vespuccio en 1508. Además fueron encomendados trabajos de cartografía, destacándose figuras sobresalientes por sus viajes y sus estudios. Las escuelas de náutica de Sevilla fue, según lo afirma HARING, la más importante institución del género y objeto de admiración para los visitantes de Europa septentrional.

3.- De lo expuesto surge la evolución que, en cuanto a sus caracteres y funciones, sufre esta institución. En principio –según va lo dijéramos-, se trata de una simple casa de comercio, almacenes de mercancías, abastos navales; más tarde tiene por finalidad el estudio y situación del mercado, la compra y venta de mercancías en cuando ventajoso para las colonias, el registro sistematizado y pormenorizado de todas las transacciones. Luego se transforma en tribunal de justicia y junta económica que, por lo demás, constituyen sus caracteres fundamentales. Tan larga como proficua fue la tarea de la Casa, con facultades cada vez más amplias, aunque posteriormente la creación de los cargos de Cónsules y de la institución del Consulado hizo mermar sensiblemente algunos de sus objetivos. Numerosas disposiciones la reglamentan, a punto de diversificar sus funciones, que llegan desde el controlador de todo lo atinente a la navegación al fomento del comercio de ultramar hasta la de actuar como verdadero registro de comercio, con sentido moderno y dinámico.

AUTORIDADES UNIPERSONALES EN AMERICA: ADELANTADOS, VIRREYES, CAPITANES GENERALES Y GOBERNADORES.

1.- La primera institución creada para entender en los asuntos de América, de carácter unipersonal, es la de los adelantados. Ellos trasuntan el sentido y carácter de la monarquía de los Reyes Católicos, durante la cual persisten características herederas de los antiguos fueros. La institución tiene nacimiento en tiempos de la reconquista española, en la lucha contra los moros, y etimológicamente resulta de “adelantar”, es decir, llevar adelante. El adelantado firma con el rey las capitulaciones, contrato de naturaleza especial, por el cual se compromete adelantar para y en nombre del rey; sostener los gastos de la expedición y de la conquista a su propia costa; promover la conversión de los indios y realizar fundaciones; llevar adelante la empresa de conquista, quedando a beneficio de la Corona las tierras anexadas. En la práctica, el adelantado resulta al propio gobernador y ejerce el gobierno, tanto en la esfera política como en la administrativa y también con las facultades militares. El ejercicio su cargo no quedaba limitado en el tiempo y era de carácter vitalicio, en ocasiones es hereditario. El primer adelantado fue el propio Colón, quién recibió, además, el título de almirante, virrey y gobernador de las islas y tierra firme que había descubierto y de las demás que descubriere y al mismo tiempo se declara, en las capitulaciones suscriptas, que “por siempre jamás” pasarían dichos títulos a sus descendientes; allí se decía que el océano pertenecía a los reyes y todo lo descubierto también, dentro de los lindes la línea demarcatoria que pasaba de las Azores y Cabo Verde e iba de polo a polo. Es decir, que en las capitulaciones se determinaba que el propietario de las tierras e islas descubiertas era la corona, en el caso los Reyes Católicos y al conquistador se les entregaban varios títulos, entre ellos el de adelantado, mediante el cual reunía todos los poderes en sus manos, incluyendo la jurisdicción judicial, debiéndosele acatamiento y obediencia. Otras capitulaciones eran más limitadas, pero aún así, al crearse el virreinato quedaron los adelantados exentos de la autoridad de los virreyes.

La institución desapareció al organizarse administrativamente las vastas posesiones de España en América y precisamente al superarse la época de los descubrimientos. En el Plata hubo cinco adelantados, cuatro realizaron efectivamente los viajes, llevaron a cabo la empresa de conquista y fundaron ciudades; uno de ellos no llegó a concretar la empresa, por lo que corrientemente sólo se señalan cuatro para el Río de la Plata; el estudio de sus viajes y su historia pertenece a lo que comúnmente denominamos época de los adelantados. Según se ve, esta institución del adelantado, típica de la época del descubrimiento y característica de los Reyes Católicos tiene, a través de las capitulaciones, un carácter mixto de empresa privada y concesión estatal, en cambio la institución del virrey tendrá carácter estatal.

2.- En el siglo XVI se divide el vasto territorio americano en dos grandes virreinatos; Nueva España y Perú; posteriormente se crea el de Nueva Granada y, durante los Borbones, el del Plata. Perú restringe así su territorio y queda más reducido, siempre teniendo a Lima por capital; el del Río de la Plata tendrá por asiento Buenos Aires. Los virreyes fueron los más altos funcionarios en América; eran la personificación misma del rey y la caracterización más completa del estado español, eran el otro yo del rey allende los mares. Poseían el más alto grado de autoridad y si bien gobernaban mediante instrucciones reales y a su vez daban normas a las autoridades subordinadas a ellos, en numerosas ocasiones debían resolver por sí mismo las cuestiones más arduas y los problemas más difíciles. Resolvían todos los asuntos, salvo aquellos que por ley les estaban expresamente prohibidos, debían promover la conversación de los indios y proveían los oficios que no les fueran reservados al rey; eran presidentes de las Audiencias; estaban expresamente facultados para juzgar a los indios, asesorados por un oidor o un letrado, tenían la administración de la hacienda eran jefes de mar y tierra. La ley determina sus funciones, que son amplísimas.

“…pongan su primero y mayor cuidado en procurar que Dios nuestro Señor sea servido, y su santa Ley, predicada y dilatada en beneficio de las almas de los naturales y habitantes en aquellas provincias y los gobiernen en toda paz, sosiego y quietud procurando que sean aumentadas y ennoblecidas y provean todas las cosas que convinieren a la administración y ejecución de la justicia, conforme a las facultades que se les conceden por las leyes de este libro; y asimismo tengan la gobernación y defensa de sus distritos y premien y gratifiquen a los descendientes y sucesores en los servicios hechos en el descubrimiento, pacificación y población de las Indias, y tengan especial cuidado del buen tratamiento, conservación y aumento de los indios, y especialmente del buen recaudo y administración, cuenta y cobranza de nuestra real Hacienda, y en todas las cosas, casos y negocios que se ofrecieren, hagan lo que le pareciere y vieren que conviene y provean todo aquello que Nos podríamos hacer y proveer, de cualquier calidad y condición que sea, en las provincias de su cargo, si por nuestras personas se gobernaran, en lo que tuvieran especial prohibición…”.

3.- Según puede verse, existe por parte del rey lo que podríamos denominar un mandato amplísimo, otorgándoseles facultades en distintas esferas, como si fueran las emanadas del rey mismo, pudiendo hacer lo que el rey haría, salvo en aquellos casos expresamente prohibidos por la ley; asimismo se ordenaba a las audiencias, sujetas a la jurisdicción de los virreyes, gobernadores, justicias, eclesiásticos de cualquier de cualquier condición o proveniencia, súbdito y vasallos, que cumplieran o ejecutaren todos los mandatos que emanaren del virrey, sean por escrito o de palabra, como si fueran del propio rey; lo que los virreyes hicieran, ordenaran en nombre del rey se tendría por firme, estable y valedero. Los virreyes eran capitanes generales de las provincias o territorios bajo sus distritos y también gobernadores, tanto de sus distritos como de los territorios subordinados; ejercían el cargo de general de la armada o flota donde hicieren el viaje; podían castigar los delitos cometidos antes de su gobierno, castigar a los blasfemos, hechiceros, amancebados y demás “pecados públicos” y tenían el derecho del perdón o indulto; debían intervenir en el logro de la paz y conformidad entre los prelados y eclesiásticos y evitar las discordias entre ellos, etcétera. Esta amplitud de poderes de los virreyes se fue limitado y, de tal manera, sometidos como estaban a juicios de visita y de residencia al finalizar sus funciones, hacía que la amplitud de derechos se fuera recortando. Así, por ejemplo, deberían entregar a sus sucesores en el cargo la documentación, cartas, cédulas y despachos que los instruyeran en las materias a su cargo, dejar proceder a las audiencias en los casos de justicia. Pero no podían despachar en problemas de esta índole provisiones con el nombre y sello del rey, consultar en los acuerdos de materias arduas, despachar los negocios de la audiencia de las flotas y avisos que despachare; deberían tener cuidado y prudencia en la cobranza y administración de las rentas reales, distribuir, gastar o prestar ni anticipar hacienda real ni dar decretos en perjuicios de la cosa juzgada; deberían enviar las causas al rey, en caso de destierro, para determinar la existencia de motivos suficientes para tal resolución, etcétera. Otro tanto acaeció en punto a la terminación del mandato: en un principio los virreyes eran vitalicios, pero más tarde se limitaron sus funciones al término de tres años, duración que posteriormente se elevó a cinco años. Tenían, por lo demás, que sujetarse a una serie de normas y reglas que debían cumplir estrictamente, por ejemplo, les estaba expresamente prohibido realizar negocios por su cuenta o familiares, contratar con funcionarios, casar a sus hijos sin real consentimiento, etcétera.

4.- Habíamos dicho que el primer virreinato fue establecido en México en 1535, más tarde el de Perú tuvo extraordinaria importancia; el último tiempo fue el del Río de la Plata, erigido el 8 de agosto de 1776 fecha desde la cual y hasta la Revolución de Mayo de 1810 transcurre una época conocida por la de los virreyes, que finaliza una serie comenzada con los adelantados y continuada con los gobernadores. Estos últimos funcionarios, los gobernadores, fueron los que permanecieron por más tiempo en lo que hoy es el territorio argentino, durante más de dos siglos, en contraste con los otros dos, que gobernaron, según lo podemos observar, durante un tiempo sensiblemente menor. En resumen, podemos decir que fueron ellos los que dejaron un sello inconfundible en nuestra historia colonial, a través de la colonización y la fundación de ciudades. Según afirma ZORRAQUÍN BECÚ, el gobernador indiano constituye la figura más representativa del régimen establecido por España en el nuevo mundo desde su organización definitiva en el siglo XVI hasta la implementación de intendencias a fines del siglo XVII. En un comienzo, el título de gobernador iba acompañado de otros y generalmente se otorgaba para realizar conquistas determinadas o también para ejercer el mando en una provincia ya constituidas y de tal manera existieron gobernadores capitulantes, que desaparecieron al consolidarse la conquista, dando lugar a funcionarios administrativos para provincias organizadas. Existían, así, cuatro categorías de gobernadores, ya que los virreyes al mismo tiempo detentaban el título de gobernador de su distrito, los presidentes de audiencias pretoriales el de su jurisdicción. Tanto los capitanes generales como los gobernadores presidían provincias de menor importancia y los gobernadores subordinados jurisdicciones pequeñas, bajo la dependencia de los anteriores. Según lo expresa la Recopilación las Indias occidentales estaban divididas en provincias mayores y menores.

La división era un tanto complicada en distritos, partidos y cabeceras debiendo guardar los virreyes, audiencias, gobernadores y corregidores los límites de sus respectivas jurisdicciones. Así, por ejemplo, se determinaba expresamente que el virrey, salvo casos muy especiales, no debían entremeterse en la jurisdicción de la capitanía general de Chile. Al mismo tiempo, al hablarse de las funciones de los virreyes, se hace referencia a otra institución, la de presidente, sin expresarse con exactitud sus funciones en el capítulo respectivo, pero al referirse a las divisiones territoriales se dice que los presidentes de Quito y otras audiencias subordinadas detenten la gobernación en algunos casos, lo que nos autoriza a pensar que se trata de funcionarios de jerarquía semejante a la de los virreyes pero, sólo limitada a actos de administración, de audiencias así a las funciones de gobernador. Las provincias indianas, así denominadas en la Recopilación, se regían políticamente por gobernadores de diferentes categorías, subordinados al virrey, aunque en los hechos gozaran de cierta autonomía, ya que el virrey actuaba en asuntos de importancia, resolviendo los gobernadores por sí mismos en la mayoría de los casos. Tanto gobernadores como presidentes de audiencia pretoriales procedían con amplia libertad, siempre que no tuvieran que cumplir instrucciones expresas emanadas del virrey. En los gobernadores se reunían facultades gubernativas, militares y judiciales, aunque les estaba prohibido el manejo de la hacienda y el contralor de los oficios reales. Durante casi dos siglos, hasta 1776, la mayor parte de nuestro territorio estuvo dividido en dos gobernaciones: Cuayrá o Paraguay y Río de la Plata, teniendo como capital a Buenos Aires por real cédula de 1695. La gobernación de Tucumán fue incluida en el distrito de la audiencia de Charcas.

Los gobernadores del Plata y de Tucumán eran designados por el rey, pero el virrey del Perú quedó facultado para designarlos interinamente aunque en muchos casos éstos delegaban la facultad en la audiencia de Charcas. En numerosas ocasiones los gobernadores deberían cumplir con disposiciones legales rigurosas y no apartarse de ellas, no podían obtener ganancias en relación a asuntos de su jurisdicción, ni emplear bajo su dependencia a parientes hasta el cuarto grado, ni casarse en sus distritos. Tenían funciones ejecutivas, de gobierno, justicia y guerra, facultades de gran amplitud limitadas, en la práctica, por la legislación y el Consejo de Indias, que ejercían contralor y vigilancia, lo mismo a través del poder delegado del virrey del Perú. No es del caso detenernos en la historia de los gobernadores en el Plata, por ser materia ajena a nuestro trabajo pero sí debemos poner de resalto la significación de esta institución. Por lo demás, poderosas individualidades individualidades, algunas de ellas de honrosa nombradía, como Irala, Garay o Hernandarias dejaron huella perdurable.

AUTORIDADES COLEGIADAS.

LAS REALES AUDIENCIAS.

1.- Una de las instituciones básicas, en cierta manera y en algunos respecto traducción en América del Consejo, fue la de la Audiencia. Descubiertas las Indias se ordena la división de los vastos de sus distritos y ya el 14 de septiembre de 1526 se crea la Santo Domingo en la isla Española, en donde residiría la “audiencia y la chancillería real” a cargo de un presidente o gobernador, cuatro oidores, a su vez alcaldes del crimen, un fiscal, un alguacil mayor, un teniente de gran canciller y los ministros y oficiales necesarios para llenar su contenido. De tal manera, y análogamente, se comenzaron a ordenar las jurisdicciones correspondientes a cada audiencia. Se ha hecho una división de las audiencias en virreinales (presididas por el virrey), pretoriales y subordinadas con normas adecuadas para cada una de ellas. No sólo resultan el más alto tribunal de justicia en sus jurisdicciones, sino también instituciones con funciones múltiples, de gobierno, administración, hacienda. Así, asesoraban a los virreyes en los más arduos problemas de gobierno, integraban las juntas de real hacienda, reemplazaban al virrey en casos de acefalia o impedimento, intervenían en las causas referentes a indios, realizaban visitas, etcétera.

2.- En las leyes de Indias se determinan expresamente las funciones de las diferentes audiencias y también se expresan las facultades de los integrantes. La Recopilación utiliza una terminología confusa en el capítulo sobre Audiencias y Chancillerías reales, refiriéndose a las diversas audiencias en particular, teniendo en cuenta las diferentes circunstancias que le dieran nacimiento. La audiencia, en general, estaba compuesta por un presidente, funcionarios o jueces llamados oidores (la del Río de la Plata tenía cinco oidores, todos ellos letrados), alcaldes del crimen, fiscales, alguaciles mayores, relatadores, escribanos de cámara, abogados, receptores, procuradores, visitadores generales y jueces de bienes de difuntos. En la sede del virreinato el presidente de la audiencia era el Virrey. Tanto el presidente como los oidores y los demás altos funcionarios estaban sometidos a un estricto contralor de su vida pública y privada, con el objeto de lograr la mayor probidad e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, no debían poseer casas, chacras, estancias, huertos, ni bienes, ni sembrar trigo y maíz; sus esposas no podían intervenir en negocios propios o ajenos ni recibir dádivas. No podían contraer matrimonio en el distrito donde ejercían sus funciones, ni tampoco podían hacerlo sus hijos o hijas; tampoco ocupar casa en contra la voluntad de su propietarios, etcétera.

3.- El presidente y los oidores formaban un tribunal colegiados que intervenían en última instancia en juicios civiles o criminales, sus mandatos y resoluciones deberían ser respetados como si emanaran del rey mismo y debía darse preferencia a los pleitos en que fuera parte la hacienda real; los fiscales, en número de dos, uno para el fuero civil, el otro para criminal, debían asistir a las audiencias, juntas y acuerdos extraordinarios, debiéndoseles dar conocimiento de cédulas y provisiones reales, defendían los pleitos de hacienda real, debían enviar copias y relaciones de los acuerdos de hacienda, debían urgir en los pleitos de residencias, proteger a los indios, defenderlos y alegar por ellos. Los alguaciles mayores eran funcionarios encargados de ejecutar las ordenanzas de gobierno, eran algo así como los actuales oficiales de justicia: el teniente de gran canciller era el depositario del sello; los relatores letrados, designados por el presidente en propiedad, oficiaban como secretarios, debían ordenar los procesos, relatarlos detalladamente y resumirlos para ser estudiados por los oidores, debía recibir las diferentes pruebas y asentarlas en acta, entregar memoriales a los jueces. Otros funcionarios importantes fueron los escribanos de cámara, que debían certificar y dar fe de los actos de las audiencias, debían llevar ordenadamente las probanzas, anoticiar al fiscal en los procesos que se relacionaran con el derecho real, llevarle los procesos fiscales, controlar los poderes, ordenar los traslados de los procesos, etc.

Las leyes de Indias señalan otros funcionarios: los abogados de la audiencias, que debían inscribirse en la matricula, previo examen practicado por el presidente y oidores; debían jurar que no ayudarían en causas injustas y se responsabilizaban por los daños que las partes recibieran por su malicia, culpa, negligencia o impericia. Podían concertar sus honorarios al comenzar los pleitos; debían asistir a sus clientes hasta la finalización de los juicios y guardar celosamente el secreto profesional; abstenerse de hablar en los estrados sin licencia ni hacer preguntas impertinentes, ni dilatar maliciosamente los pleitos, todo ello bajo pena de multa. Otros funcionarios, que podríamos denominar auxiliares de justicia, eran los tasadores de proceso (que debían formular los gastos de justicia), los preceptores, procuradores, intérpretes y demás oficiales. También se determinaba que un oidor debería realizar visitas cada tres años, o antes, si así pareciera al presidente; otro era designado juez de difuntos por el término de dos año, para administrar, cobrar, vender o arrendar bienes de difuntos con el objeto de la adquisición de los mismos por parte de los herederos de los que murieren en Indias dejando testamentos o ab intestato.

4.-. En muchos respectos la Audiencia no sólo resultaba el más alto tribunal de justicia, sino que poseía funciones equiparables –en al ámbito americano- a las del Consejo de Indias, aunque más restringida, principalmente en lo referente a las legislativas (que no tenía audiencia). La importancia de las mismas variaba conforme a las diversas categorías que existían en Indias: virreinales, pretoriales, subordinadas. Conviene poner de resalto la labor que las audiencias desarrollaron en cada uno de sus ámbitos. Si bien no podemos referirnos a la jurisprudencia, sin embargo, se establece que muchos de los Acuerdos aclararon conceptos jurídicos, determinaron las limitaciones necesarias en los conflictos de poderes, sentaron bases de interpretación de las leyes y ordenanzas. 

LOS CABILDOS: JURISDICCION Y ORGANIZACIÓN.

1.- La institución que, sin duda, ha dejado huella más perdurable a través de muchas etapas de nuestra historia es la del Cabildo. Al fundarse una ciudad, ésta se funda como ciudad-Cabildo y el solar o ejido de la ciudad resulta patrimonio de la ciudad misma. Ellos representarían, así, el interés inmediato de la población, que queda adherida al cabildo y éste a aquélla con rasgos muy firmes y precisos. Sostiene HENRIQUEZ UREÑA que en la vida política de las colonias existen dos formas fundamentales: una es el gobierno en representación de la corona; la otra, los municipios autónomos; se emplea esta palabra aunque no es la más adecuada, ya que, según veremos, el Cabildo no es lo que podríamos denominar actualmente “municipio autónomo”. El origen de los cabildos es español, en cuanto representan la autoridad local a la manera de los antiguos consejos, principalmente castellanos. Pero, ello no obstante, reconocen ascendencia romana. En España, durante la reconquista y con notoria influencia romana, aparecen los consejos castellanos, que representan, con muchos reparos, un esbozo de soberanía y emancipación: durante la reconquista, la emancipación se daba con el objeto de lograr un mayor interés en las finalidades de la guerra misma. De tal manera, en las comunidades o lugares, lográndose un sistemaforal y, consecuentemente, un derecho foral de la ciudad que se mantiene por siglos y cuyos últimos ecos aún los tenemos con las instituciones creadas por los Reyes Católicos. Carlos V, que tiene la pretensión de reordenar un vasto imperio a la manera de los grandes imperios medievales, con reminiscencias del romano-germánico, lucha contra las comunidades de Castilla y les asesta un golpe de muerte en los campos de Villalar (1521) donde, según conocida referencia, se sepultan las libertadas castellanas. Asimilando ese tipo de instituciones, se ha querido ver en los cabildos la “cuna de la emancipación americana”. Es muy posible que la afirmación sea exagerada y muchos autores la han desautorizado categóricamente, al señalarnos como triste parodia de los consejos castellanos destruidos por Carlos V en Villalar.

2.- ¿Qué significa cabildo? La propia palabra involucra una verdadera petición de principios; y así RAVIGNANI dice; con razón, que se trata de una tautología, toda vez que cabildo significa, etimológicamente, “reunión”, por lo cual “estar en cabildo” es “estar reunidos”. Por tal razón los cabildos también se denominan “ayuntamientos”, del término “ayuntar” o sea “estar reunidos. Los cargos se adquirían y vendían; además eran popularmente elegidos. Por lo tanto, si bien representaban el interés inmediato de la población, por el hecho mismo de constituirse ciudades-Cabildos, faltaba ese elemento que los hiciera la extracción medianamente democrática. Por lo demás, existían condiciones que imposibilitaban los canales hacia un presunto interés por lo que hoy denominaríamos la comunidad. En tal sentido era reflejo de la sociedad, la que, según viéramos se estructuraba a través de castas, con los blancos y, más aún los españoles peninsulares detentando las funciones y los cargos.

3.- Los cabildos tenían dos funciones primordiales: a) justicia, b) gobierno de la ciudad. En el primer sentido eran tribunales de primera instancia en lo civil y criminal y de sus tallos podían recurrirse en apelación ante la Audiencia. En cuanto al segundo, tenían el gobierno inmediato de la villa, cumpliendo funciones que en alguna medida se acercan a las de las municipalidades; debían, además, cuidar de las rentas y de los recursos de la ciudad. En cuanto a los recursos se dividían en propios y arbitrios, los primeros se forman con el patrimonio mismo de la ciudad, con la administración y venta de sus tierras, etcétera; los segundos eran producto de diferentes gravámenes (algunas mercancías sufrían gravámenes considerables) de distintas ordenanzas, etcétera, así como de los impuestos, entre los cuales podríamos citar los de alumbrados, pesas y medidas y en general las rentas arbitradas por el rey como recurso de la ciudad, también sisas y contribuciones extraordinarias. Al fundarse las nuevas poblaciones debían señalarse las tierras y solares que hubieren menester para propios; los ayuntamientos no debían hacer gastos extraordinarios sin licencia; no podía gastarse de propios en la recepción de prelados, presidentes, oidores o ministros; se debían señalar dehesas y tierras para propios, enviarse cuenta y razón al Consejo y los oidores, por turnos, debían reverlas o examinarlas; tales son algunas disposiciones acerca de los propios, contenidas en las leyes de Indias. El abastecimiento de la ciudad estaba a cargo del cabildo, principalmente en lo que se refería a los granos, que eran vendidos a través de las alhóndigas, depósitos donde los labradores despachaban sus granos y los panaderos se proveían de trigo y harina para el abasto de la ciudad a los precios más acomodados; fuera de la alhóndigas no se podía vender trigo, harina, cebada y granos y nadie podía comprar por otros precios que no fueran los establecidos, debiendo efectuarse las adquisiciones conforme con la capacidad de producción y venta de cada panadería; se trata de una política proteccionista llevada a cabo por los cabildos, con objeto de lograr el adecuado abastecimiento de la ciudad y que motivara algunas representaciones de labradores tendientes a una mayor libertad de comercialización de los productos.

4.- Para la elección de los cabildos de pueblos donde no estuvieren vendidos los oficios concejiles, no podía ser elegida persona alguna sin tener la categoría de vecino y a renglón seguido la ley determinaba que se entiende por vecino aquel que tuviere cas poblada, aunque no fuere encomendero de indios; asimismo se repite en otro lugar que todos los oficios de cabildo y concejiles debían ser servidos por propietarios. El hecho del domicilio, por sí, no provocaba la radicación ni tampoco hacia adquirir los derechos de habitante. Dos condiciones se requerían para obtener la categoría de “vecino” poseer solar de tierra (la ley dice “ser propietario”) y haber fundado familia (“tener casa poblada”). La categoría se basaba en el derecho de propiedad y en el de familia y, además, para adquirir la condición de tal, debía existir una radicación permanente y la inscripción en el padrón de la ciudad; el simple habitante o “domiciliado” podía llegar a ser vecino y adquirir la calidad de tal al fundar familia y comprar propiedades.

5.- El cabildo estaba compuesto por alcaldes y regidores. Duraban en sus funciones un período de un año, gozando de poderes limitados por la propia ley. Como ya lo hemos expresado, los cabildantes salientes elegían a sus representantes, por lo que no existía, en verdad, sistema de elección en la cual interviniera siquiera una parte del pueblo. Los alcaldes eran dos, de primero y segundo voto: una ley prohibió la designación de una cantidad mayor, limitándose a ese número. En las ciudades principales se elegían doce regidores y en las demás ciudades, villas y pueblos, seis. Las elecciones debían ser realizadas en las salas capitulares y no debían efectuarse cabildos extraordinarios salvo casos de urgente necesidad.

Los alcaldes cumplían funciones judiciales y los regidores funciones administrativas. Los alcaldes eran algo así como los actuales jueces de primera instancia en ambos fueros: civil y criminal; son de primero y segundo voto, de acuerdo con el orden de asiento y conforme al cual emitían opinión. La ley determinaba que debían conocer en primera instancia en todos los negocios, causas y cosas que podía conocer el gobernador o su lugarteniente en cuanto a lo civil y criminal y las apelaciones de sus autos y sentencias podían recurrirse ante las audiencias, gobernadores o ayuntamientos, conforme lo ordenaran las leyes.

Los regidores intervenían en las cuestiones administrativas inherentes al Cabildo. Ambos, alcaldes y regidores, cumplían las dos funciones específicamente determinadas a los cabildos; los primeros podían ser legos o letrados, en cambio los regidores eran legos, aunque por lo general muy pocos alcaldes tenían la condición de letrados.

Los alcaldes de hermandad, en este aspecto, serían jueces de menor cuantía que intervenían en asuntos de monto muy pequeño y también como instructores sumariales en los hechos de índole criminal. Estos funcionarios vinieron a constituir lo que hoy aún denominamos “alcaldes” que imparten justicia en asuntos de menor cuantía, en actuaciones generalmente verbales y designados por los municipios y que reúnen la condición de letrado, aún sin serlo. Así habíamos dicho que los alcaldes del cabildo podían considerarse, en algunos respectos, como jueces de primera instancia aunque en otros se parecía a lo que hoy se denomina jueces de paz, podíamos considerar a los de hermandad bajo ese aspecto, aunque referido a la campaña.

El cabildo también se designaba un funcionario que protegía los intereses de los menores, denominado asesor de menores (término que ha pasado a la actualidad) y que generalmente era ejercido por uno de los regidores; también designaba al defensor de pobres y protector de naturales. Conforme con la ley, existía un funcionario denominado escribano del cabildo, los que para poder ejercer sus funciones debían ser previamente examinados y aprobados por las reales audiencias de su distrito; debían llevar un libro de registro en el que se asentarían las tutelas y fianzas, les estaba prohibido designar tendientes o subtítulos y debían custodiar los registros de los escribanos que se ausentaran del lugar. También el cabildo podía designar procuradores para asistir a sus causas: éstos serían designados por votos de regidores por el término de un año. Los alguaciles mayores de las ciudades asistidos por tenientes y alcaldes de cárcel (a los que podía remover) eran funcionarios encargados ejecutar los mandamientos de la justicia e intervenir en lo que denominamos “policía”: tenían la obligación de efectuar rondas nocturnas, debían llevar armas pudiendo entrar al cabildo con ellas, capturar personas conforme con órdenes del cabildo, controlar y vigilar las buenas costumbres, persiguiendo el juego y la vagancia, etcétera.

6.- Debemos distinguir dos clases de cabildos: abiertos y cerrados. Nos hemos ocupado hasta ahora del cabildo cerrado, es decir, del constituido por alcaldes, regidores y sus auxiliares, con las funciones determinadas por la ley, y también por la complejidad creciente de la vida de la ciudad, sea desde el punto de vista administrativo o del judicial. Pero en caso de excepcional importancia se llevaban a cabo los denominados cabildos abiertos, en los cuales se debatían los problemas que se presentaban, con la concurrencia con vecinos caracterizados de la ciudad, pudiendo admitirse a altos funcionarios y componentes de ciertos estratos sociales. En los hechos el número de concurrentes siempre fue muy limitado con referencia al total de la población y estaba constituido por la “parte principal y más sana” del vecindario. Es decir, que se trataba de una simple adición, bastante limitada, fuera de los componentes naturales del cabildo cerrado, pero que nunca tuvo características populares.