Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas - Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) - Cátedra C - Profesor: Hector J. Zimerman

miércoles, 29 de marzo de 2017

MATERIAL DE LA GUIA DE RELECTURA: UNIDAD IV

HISTORIA CONSTITUCIONAL. UNIDAD IV - GUIA DE RELECTURA.

1.- Características de la Legislación Hispanoamericana.

                Los autores han dado algunas características globales de la legislación hispanoamericana.
                No podemos afirmar de ninguna manera que tales características sean de inexorable aplicación, o encuentren la totalidad de la legislación. Naturalmente normas escapan a ellas, pero en general, toda la enorme tarea legislativa castellana-indiana. Arroja en la mayoría de los casos, signos inequívocos de su personalidad, como citaremos más adelante.
                Un Casuismo Acentuado: Un casuismo, acentuado y en consecuencia una gran profusión.
No se intentaron, salvo en contadas ocasiones, amplias construcciones jurídicas que comprendiesen las distintas esferas del derecho.  Se legisló por el contrario, sobre cada caso concreto y se trató de generalizar; en la medida de lo posible, la solución  sobre cada caso adoptado.
                Una tendencia Asimiladora y Uniformista: Se pretendió desde la Metrópoli, primero por monarcas de la Casa de Austria, y más todavía por los de la Casa de Borbón, estructurar la vida jurídica de estos territorios con visión uniformadora y tratando de asimilarlos a las viejas concepciones peninsulares-
                Nos hay que exagerar, sin embargo, los resultados, ni aún los propósitos de esta política. La realidad se impuso y unas mismas instituciones adquirieron modalidades diferentes en las distintas  comarcas, según el ambiente geográfico, social y económico en que hubieron de desenvolverse. No faltan, por otra parte, en la propia legislación, preceptos dictados con una clara visión realista que admiten la vigencia de las prácticas consuetudinarias aceptadas en cada lugar-
                Una Gran Minuciosidad Reglamentista: Los Monarcas españoles quisieron tener en sus manos todos los hilos del gobierno de un mundo tan vasto, tan complejo y tan lejano. Lo mismo quisieron conocer de los grandes problemas políticos y económicos que afectaban a todas las Indias o a toda la demarcación territorial de una Audiencia o Virreinato, que de cuestiones pequeñas que interesaban sólo a una ciudad o a un reducido distrito rural.
                Comprendían las dificultades que esto ofrecía, y movidos por la desconfianza en sus autoridades coloniales, multiplicaron las instrucciones del gobierno y complicaron extraordinariamente los trámites burocráticos y administrativos.
                Un hondo sentido religioso y espiritual: La conversión de los indios a la fe de Cristo y la defensa de la religión católica en estos territorios fue una de las preocupaciones primordiales en la política colonizadora de los monarcas españoles. Esta actitud se reflejó ampliamente en las llamadas Leyes de Indias. En buena parte fueron dictadas estas leyes, más que por jurista y hombres de gobierno, por los moralistas y teólogos. Se acusa en ella, sobre todo al abordar el difícil problema del indio, un tono de plausible elevación moral; pero se desconocen al propio tiempo, o se tratan de soslayar, ineludibles imperativos económicos y sociales.
                Esta es la causa que se observa, a lo largo de toda la vida jurídica colonial, un positivo divorcio entre el derecho y el hecho. Una fue la doctrina declarada en la ley y otra la realidad de la vida social. Se  quiso ir demasiado lejos en el noble afán de defender para el indio un tono de vida elevado en el orden social y en el orden espiritual, y al dictar, para protegerle normas de cumplimiento difícil o imposible, se dio pie, sin desearlo, para que de hecho prevalecieran en buena parte la arbitrariedad, quedando el indio a merced de los españoles encomenderos y de las autoridades de la colonia.
                Este desconocimiento de la realidad, unido a la minuciosidad reglamentista de los monarcas, señalada anteriormente, explica también una práctica política y administrativa que es necesario tener en cuenta para comprender, en su justa verdad histórica, la vida jurídica de los territorios indianos. Con frecuencia apelaron las autoridades coloniales, frente a Cédulas Reales de cumplimiento difícil, o en su concepto peligroso, a la socorrida fórmula de declarar que se acata pero no se cumple. Recibida la Real Cédula cuya ejecución no se considera pertinente, en virrey, presidente, o gobernador, la colocaba solemnemente sobre su cabeza, en señal de acatamiento y reverencia, al propio tiempo que declara que su cumplimiento quedaba en suspenso.
                No implicaba esta medida acto alguno de desobediencia, porque en definitiva se daba cuenta al Rey de lo acordado para que éste, en última instancia y a la vista de la nueva información recibida, resolviese. Y si bien es cierto que al amparo de esta costumbre pudieron cometerse abusos y arbitrariedades por parte de algunas autoridades, no lo es menos que, gracias a ella, pudo dotarse al derecho colonial una cierta flexibilidad que le era muy necesaria, y que de otro modo no hubiera podido conseguirse dada la tendencia centralizadora de los monarcas y de sus hombres de gobierno.
                Cerraremos estas observaciones haciendo notar que, frente al derecho propiamente indiano, el derecho de Castilla sólo tuvo en estos territorios un carácter supletorio; únicamente a falta de precepto aplicable en la llamada legislación de Indias, podía acudirse a las viejas fuentes del derecho castellano peninsular. Advertimos, sin embargo, que aún siendo así, jugó este derecho castellano un papel preponderante en lo que se refiere a la organización de la familia y al derecho de sucesión.
                En cuanto a la influencia positiva que lograron ejercer en la vida de las instituciones jurídicas coloniales las primitivas costumbres de los indios aborígenes que no estuvieran en clara contradicción con los principios básicos del Estado español, es cuestión que no ha sido todavía suficientemente estudiada. Sabemos, no obstante, que dejaron huellas considerables en orden a la regulación del trabajo, clases sociales, régimen de la tierra, etcétera, instituciones tan representativas como los cacicazgos, la mita y otras que examinaremos en el momento oportuno.

                2.- Capitulaciones.

                Dentro de la legislación española, y con especial incidencia en la americana, las capitulaciones, tienen un sentido diferente a lo que comúnmente se ha tenido como significado en nuestra lengua.
                Veamos. Capitulaciones viene de la palabra “Capitulare”, deviene en “capitulum” y significa capitulo.
                Es una de sus acepciones, como la división que se hace en los libros o en otros escritos para el mejor orden y más fácil inteligencia en la materia.
                 Significa además, y éstos si nos interesa en la legislación castellana-indiana, “disponer. Ordenar, resolver”. Así tenemos que Capitulación es “…una ordenación jurídica integrada por varios capítulos o prescripciones, nacidos y escriturados simultáneamente”.
                En la legislación castellana se entiende como contrato.
                También significa “…Concierto o pacto hecho entre dos personas sobre algún negocio comúnmente grave…”
                Con los antecedentes dados, surge en consecuencia que por intervenir la Corona, parte, formalizar un contrato que se divide en capítulos, que contiene obligaciones y derechos recíprocos, se trata de un contrato de derecho público.
                Entre los derechos del adelantado o empresario, se encuentran los títulos, la parte económica, poblar, repartir tierras, etc. Entre las obligaciones se encuentran las de evangelizar, reservar el quinto real –la quinta parte de los tesoros-, pagar los tributos, el diezmo de la Iglesia Católica, fundar las ciudades, etc.
                Las capitulaciones existían en el Derecho Real de España antes del descubrimiento de América y se empleaban cuando los reyes, o sus apoderados, pactaban con algún particular el desempeño de determinada empresa o servicio público. Esta forma contractual se utilizó para todos los fines del Estado, sin excluir las empresas militares.
                En América las capitulaciones tuvieron por objeto, en su mayor parte, descubrimientos y conquistas, aunque hubo otras para fines menores como explorar un canal, establecer una pesquería, fundar un poblado, o rescataron determinados naturales: en las capitulaciones americanas la concesión contractual  del servicio público continúo siendo jurídica característica. Por su número y por la importancia de su objeto principal –la ocupación del continente nuevo-, constituyeron piezas fundamentales del Derecho trasplantado por los españoles.
                Fue prerrogativa de la Corona celebrar las capitulaciones, pero en algunos casos delegó la facultad en autoridades residentes en España que tenían jurisdicción sobre las Indias Occidentales, como por ejemplo la Casa de la Contratación de Sevilla.
                Las capitulaciones para efectuar descubrimientos contenían generalmente: la licencia del rey al conquistador: “Vos doy licencia y facultad para que podáis conquistar y poblar las dichas islas”; seguía el contrato entre el rey y el caudillo: “Que gastos y obligaciones tendría éste; qué mercede3s le haría el rey en honores y bienes materiales”.
                Precisando las notas jurídicas de las capitulaciones hallamos: un permiso o licencia, porque el conquistador contratante era vasallo del rey con quien pactaba y la acción se desarrollaría en tierras que por la bula papal o por otros títulos se consideraban pertenecientes a la Corona de Castilla: pero las capitulaciones eran además contratos bilaterales con la significación romana del término; el descubridor prometía poner costas y realizar los trabajos de la empresa y el rey se obligaba a determinadas franquezas y mercedes  para el caudillo y sus compañeros.
                Las capitulaciones tuvieron otra nota jurídica importante: si por parte del vasallo eran un contrato presente e incondicional y aún con plazo fijo de un año para la aportación de los gastos y la realización de los trabajos, en cambio, por parte del rey eran sólo una promesa condicional: mercedes y premios quedaban sujeto a la condición del cumplimiento previo de las obligaciones del conquistador.
                Además, un contratante era de condición pública y superior y el  otro particular y sujeto por el vasallaje a su co-contratante; por eso el examen de cumplimiento de la obligación del vasallo podía quedar en manos del rey o de sus autoridades; de aquí la inestabilidad de los premios capitulados, ofrecidos muchas veces sin saber la Corona el verdadero alcance geográfico  histórico de la concesión. Desde Cristóbal Colón  hasta los últimos conquistadores, todos tuvieron que esperar y suplicar por el cumplimiento de las mercedes, no siempre pagadas en la proporción pactada. Siendo además el estado uno de los contratantes, hubo casos en que por razones públicas anuló capitulaciones ya concedidas, como en el famoso litigio entre Cortés y Diego Velázquez, porque a pesar de haber obtenido el último el contrato real, fue anulado, y se entregó a Cortés la gobernación de la Nueva España que había conquistado. En las Nuevas Leyes de 1542, que restringieron los derechos de los conquistadores sobre los indios, no se consideraron limitadas solamente las capitulaciones futuras, sino las pasadas y que estaban en vías de ejecución, porque se estimaba que la razón pública era suficiente para pasar sobre los actos celebrados. Es decir, el asiento era un contrato, pero no corriente, de derecho privado, sino un contrato de derecho público entre el Estado y el particular.
                No eran sólo las limitaciones públicas, que se perciben hasta en las concesiones administrativas de los Estados modernos, las que alteraban la condición contractual del pacto, porque se trataba además de un Estado que admitía aun conceptos medievales. La obligación del rey, aunque prometida y afirmada, se consideraban más de Derecho natural que de Derecho positivo; el problema de si el príncipe estaba sujeto a las normas positivas y a las obligaciones contractuales influían en la suerte de las promesas capituladas la mayor parte de los autores estimaban el cumplimiento como una merced y no como un pago estricto. La exigencia judicial efectiva contra el estado sólo existía dentro de la posibilidad de acción del vasallo medieval frente a su señor.
                La capitulación formalizada entre los reyes católicos –Isabel de Castilla- y Colón es la de Santa Fe, y originó los famosos pleitos colombinos que duraron años, como consecuencia de los derechos y obligaciones de ambas partes, de la corona y de los descendientes de Colón.
                Las capitulaciones no abarcaron todo el derecho interno de las expediciones. Aunque importantes como contrato primero y base legal de partida de las empresas, no comprendieron en realidad sino el permiso, la relación del caudillo con el rey y las franquezas generales para los pobladores; pero no decían nada de la organización de la hueste, la relación de los Capitanes con los soldados, la relación de éstos entre sí, etc. Contra lo que comúnmente se ha creído, las capitulaciones no fueron lo más importante en la estructura de las huestes; junto a ellas valieron leyes, instrucciones, usos y costumbres de la guerra, hábitos de formación militar, reglas sobre las presas, cautivos, etc.,  sino cuyo conjunto la capitulación no puede indicar la verdadera naturaleza jurídica de las empresas.
                En la Capitulación para la conquista de Yucatán el pacto fue el siguiente: el conquistador se obligó a fundar dos pueblos de más de cien vecinos cada uno y dos fortalezas a su costa: había de  partir para su viaje dentro del año siguiente a la fecha de la capitulación, llevando la gente de España; se le nombró gobernador con ciento cincuenta mil maravedís de salario anual y capitán general con cien mil; se le hizo merced perpetua del oficio de alguacil mayor; tendría la tenencia de las fortalezas por su vida y las de dos herederos con salario anual de sesenta mil maravedís, por cada fortaleza; se le hizo merced del oficio de adelantado con perpetuidad; tendría diez leguas cuadradas de tierra, pero sin jurisdicción civil ni criminal; de los provechos o rentas que el rey sacara de la tierra; rebajados los gastos y salarios gozaría el cuatro por ciento; se le eximió por toda su vida de pagar almojarifazgo (impuesto sobre importación de mercancías por mar); toda la empresa correría a su cargo y misión. Para los soldados que el capitán llevara, que serían después los pobladores de las villas, la capitulación concedió las siguientes franquezas y mercedes, franqueza temporal del impuesto de minas de suerte que los tres primeros años sólo pagarán al rey la décima  parte de lo que cavaran; luego crecía el impuesto por años hasta llegar al pago normal del quinto real; los vecinos gozarían caballerías de tierra, y solares en el pueblo, y cumpliendo la vecindad de cuatro años lo tendrían como bienes propios y disponibles; por cinco años quedan exentos del derecho de almojarifazgo; se les tendría en cuenta para los oficios del regimiento de la villa.
                El rey cedía durante cinco años las penas de cámara para hospitales y obras públicas de la nueva población y pagaría el clérigo y el culto; los soldados podrían tener por esclavos a los indios habidos y en justa guerra así como a los que rescataran de los naturales; no pagarían durante cinco años el impuesto por consumo de sal: tendrían derecho a pedir las mimas franquezas que gozarán las otras tierras pobladas en Indios; no pasarían letrados ni procuradores por los pleitos que ocasionaban.
                En resumen, disposiciones para la vida del concejo indiano muy parecidas a las de las cartas de población de los municipios castellanos: desde este punto de vista, la capitulación era el primer fuero de las villas fundadas bajo su concesión.

                3.- Ordenanzas.

                A las Ordenanzas la lengua castellana las define de la siguiente manera: “Conjunto de preceptos referentes a una materia. La hecha para el régimen de los militares y buen gobierno de tropas…”
                Las más conocidas en nuestra materia, son las “Ordenanzas de Bilbao”, redactadas –bueno es recordado- por el Consulado de Bilbao fundado en 1511, en 1531, 1560 y 1737. Todas estas referidas al derecho marítimo. En este sentido rigieron en España y América hasta la sanción del Código de Comercio Español en 1829.
                Otra de las Ordenanzas que vamos a estudiar –ordena el derecho, se denomina ordenador al computador- es la Real de Intendentes.
                No podemos dejar de citar las Ordenanzas de Indias, publicadas en 1528, bajo el reinado de Carlos I de España, V de Alemania. Se denominaron luego de Nuevas Leyes de Indias en 1542, cuya trascendencia legislativa ha sido unánimemente consagrada, no sólo porque contiene normas laborales, sino porque todavía tienen un valor positivo –prohibición de pagar en especies, prohibición de trabajar los ancianos, las mujeres embarazadas, etc.-
                Veamos otras Ordenanzas para ubicar el tema, Ordenanza de los alcaldes de Valladolid, del Consejo de Indias, de Audiencias de Indias.
                En definitiva es “La ley o estatuto que se manda observar”. No podemos dejar de citar las Ordenanzas de Alfaro, cuya trascendencia y permanencia a través de los tiempos es innegable, son similares a las leyes nuevas de protección del aborigen.

                4.- Reales Cédulas.

                Dice Ricardo Zorraquín Becú: “La función legislativa tan abundantemente utilizada para resolver los problemas indianos, era  ejercida o por los Reyes con el asesoramiento de los diversos organismos que ya se han mencionado. El más importante de todos ellos era el Consejo de Indias desde su fundación en 1524, hasta que en 1714, la iniciativa de las leyes pasó a manos de los secretarios de Despacho…”.
                Al decir de Alfonso García Gallo, debemos puntualizar y así lo hacemos, siguiendo al maestro Abelardo Levaggi. Que… “el poder legislativo descansaba dentro de las facultades del Rey, el cual ten, aún cuando dichas funciones, eran de gobierno, militares, de hacienda y justicia”.
                Así recalcamos EL PODER LEGISLATIVO ERA EXCLUSIVO DEL ORGANISMO REY.
                En cuanto a las leyes dictadas en Corte, eran obligatorias en tanto y en cuanto rigieran para todos los brazos que intervenían, en caso contrario obligaban al brazo que lo pedía y consentía, más no al que se opuso. En materia de impuestos y contribuciones –derramas-, se entendía que era un contrato entre el Rey, y sus súbditos, por ello necesariamente en cierto momento debía ser dictado en Cortes.
                Las pragmáticas sanciones tenían carácter general, y valían para todo el reino, como leyes sin exclusión de brazos de ningún tipo. Cuando el  Rey emitía un ordenamiento jurídico especial, lo dirigía a un funcionario u organismo especial –Visorey, Audiencia, etc.- se llamaban instrucciones.
                Por su forma de promulgación se distinguían en provisiones reales y cédulas reales.
                Las provisiones reales iban encabezadas con el nombre del monarca, procedido de “DON”, por ejemplo Don Carlos V…, Don Felipe II, seguían los títulos y se firma, “YO EL REY”.
                Las Reales Cédulas, eran de uso más frecuente, solamente estaban encabezadas con “EL REY”.
                       
                SITUACION DEL INDIO.

                Los aborígenes americanos, desde el momento del descubrimiento, quedaron en una situación especial, que fue variando con el tiempo. La razón de este régimen particular era paganismo y estado natural de salvajismo de los pueblos conocidos en los primeros años y de muchos conocidos después.
                Por otra parte, si a todo hombre se le reconocía, en principio, la condición de ser libre, se aceptaba que el derecho limitara y  hasta negara esa libertad. Quien no podía obrar libremente, o por imperativo de la ley carecía de la capacidad necesaria, era considerado siervo o esclavo.
                Todo el tema de los indios en realidad pasa por su naturaleza.              
                ¿Qué son? Nos preguntamos.
                El derecho de la época, permitía esclavizar a los infieles.
                Desde el primer momento, Colón consideraba a los indios libres aunque sometidos a los Reyes Castilla. Este principio rige, y solamente contra los indios que se rebelan, Colón los reduce a Servidumbre. Ante dicha circunstancia (1496), surgen inconvenientes, y con el envío de indios esclavos a España, se estudia la cuestión por una Junta de Teólogos y juristas en el año 1500. Dicha junta dictamina que los “indios son hombres libres”.

                Capacidad de los indios: En las primeras experiencias -25 años después del descubrimiento- resultan nulas las actividades que tienden lograr la convivencia con los castellanos. La Junta de Burgos de 1512, afirma la libertad de los indios, se estima oportunamente, la manera que éstos por su incapacidad estén bajo Encomienda de los españoles. La protesta de Fray Bartolomé de las Casas en su tendencia a la Evangelización pura, -que los indios son capaces de vivir solos, como los labradores cristianos de Castilla-, fracasa. Dicho fracaso es además un fracaso personal, puesto que Las Casas tenía indios a su cargo.

                Discusión sobre la capacidad: Unos afirman que los indios eran animales, brutos, cosa, o perros. Algunos religiosos, inclusive dudan sobre administrarle otros sacramentos aparte del  bautismo y el matrimonio. Otros, entre ellos La Casas considera al indio plenamente capaz e inclusive superior a los españoles.

                Paulo III, Papa, mediante la Bula Sublimis Deus -1537- parte de la condición humana de los indios, y les declara capaces de entender la fe y recibir los Sacramentos. No se les puede esclavizar ni quitar sus bienes.

                Conclusión: Los indios reciben el beneficio de los evangelizadores, quienes se preocupan por estudiar su lengua, sus costumbres, sus ideales, y se llega a la conclusión, que es conveniente: … el de reducir “Concentrar” a los indios en poblados y tenerlos bajo tutela o dirección. Este sistema también es el adoptado por las misiones, con gran éxito. Se llega en consecuencia, ratifiquémoslo “… jurídicamente los indios no sólo son libres sino que se equiparan a los vasallos de Castilla,  dice García Gallo.
                “... Ahora bien la efectiva incapacidad de los indios para vivir como los españoles, dejando al margen sus causas lleva a los reyes y a los juristas desde mediados del siglo XVI, a dispensarles protección jurídica especial, como a los menores de edad y a los miserables es decir a los pobres y a los rústicos…”.

                MITA.

                Una vez que derogan los repartimientos de indios (1698) que realizaban los trabajos de los españoles –agricultura, cuidado de los ganados, trabajos domésticos, mineros, etc., etc.-, se establece un sistema de trabajo obligatorio, para evitar la holganza de los indios, “… se ordenaba a Virreyes y Audiencia que obligasen a los indios a presentarse en las plazas y lugares públicos con el fin de alquilarse para trabajar al servicio de particulares, religiosos, etc., concentrándose al efecto, bien por un número determinado de días, bien por un determinado número de semanas…”.
                 Era un régimen de libertad condicionada, y a diferencia de la encomienda que el Indio debía pagar al encomendero, en este caso el Español, debía pagar el Indio, se afirmaba la existencia de un verdadero contrato de arrendamiento de servicio –locación de servicio-.
                La mita tenía límites temporales, por ejemplo, 15 días mita de servicio doméstico en el año, 3 o 4 en la mita pastoril, 10 meses en la mita pastoril, 10 meses en la mita minera, por dichos trabajos percibían sus salarios. La única obligación que tenían era pagar tributo al Rey.
                Quedaban excluidos de la mita los indios que tenían profesiones, como ser sastres, carpinteros, albañil, herrero, etc.
                Los indios se sorteaban con intervención de los caciques de la localidad y los porcentajes de indios a trabajar variaban de acuerdo a la zona.
                Ningún indio podía ser obligado a trabajar una segunda mita, si no se agotaba el turno de la primera. Se prohibía que cuando el indio fuera condenado penalmente3 tuviera  que prestar servicios personales a nadie.
                Algunos trabajos se prohibieron relativamente y otros absolutamente. Entre los primeros, cosecha de coca, y entre los segundos, trabajar en los ingenios de azúcar y pesca de perlas para lo cual se sustituyó con mano de obra de los esclavos negros.
                Durante el desarrollo de la mita las autoridades españolas debían controlar el cumplimiento de las obligaciones de los españoles, como el pago de los salarios, el trato y los plazos de las mitas y los turnos.

                ENCOMIENDA.

                La convivencia de españoles e indios plantea diversos problemas, económicos, sociales, jurídicos etc. Siendo los indios libres era natural que éstos trabajaran, pero para ello era preciso obligarlos a trabajar. Es por eso que los indios e repartían entre los españoles para que trabajen a su servicio.
                Proclamada la libertad de los indios, los Reyes Católicos, en 1501, mantienen la obligación de trabajar los indios, aunque los españoles debían pagarles el salario correspondiente. Primero se consideraba que los indios libres estaban en depósito por corto tiempo –tres años-, pero como luego quedaban desprotegidos por los españoles, se fijaban normas de alimentación, de salarios, y del trabajo se excluían a los viejos, a los niños y a las mujeres embarazadas.
                Esto corresponde a la primera parte de la encomienda que podría llamarse Antillana.
                En esta encomienda el español estaba obligado a cuidar del indio, la encomienda de naturaleza laboral inicial se convierte precisamente en ENCOMIENDA. Las leyes de Burgos por ejemplo obligaban a construir pueblos con iglesias de acuerdo a la cantidad de indios que tenga a su cargo, también debían darle semillas, gallinas y un gallo. Los visitadores debían controlar estas obligaciones.

                Concepto: La concesión de encomiendas supone un repartimiento previo de los indios con autorización del Rey, y a veces con el consentimiento de los propios indios. Jurídicamente la encomienda crea problemas, siendo los indios libres y con obligación de trabajar para los españoles, se trataba de encontrar la fórmula conciliatoria.
                Carlos V, consideraba la encomienda como CONCESION DE FEUDO, es decir que se concesión de unos beneficios a cambio de los servicios que han de prestar los encomenderos. No tiene en consecuencia el encomendero derechos sobre las tierras de los indios, y no tiene jurisdicción –es decir el derecho sobre los indios-.
                La relación queda del siguiente modo. El indio debía el tributo al Rey como súbitos de la Corona, el Rey cedía los repartimientos al encomendero. El tributo era fijado por la Audiencia con jurisdicción de la encomienda. En algunas regiones donde el indio no podía pagar el tributo, debía prestar servicio personal.
                La obligaciones del encomendero, habíamos dicho era doble. Debían cuidar, evangelizar, proteger, etc., a los indios, pero como no tenían capacidad para hacerlo, nombraban doctrineros, hacían escuelas, realizaban caminos, hospitales, etc.
                El encomendero no podía vivir en los pueblos de su encomienda, estaba obligado a residir en la tierra, construir casa de piedra, casarse y tener a su mujer con él, prestar servicio militar a caballo.

                YANACONAZGO.

                Esta Institución tiene características propias, según Malagón y Ots Capdequís: “… En cuanto a los yanaconas de Perú, trabajadores agrícolas que se tenían como adscriptos a las tierras que cultivaban…·.
Solórzano –gran jurista de la época- manifestaba su contraria opinión contra este tipo de trabajo y situación jurídica.
Las leyes nuevas de 1542 y otras reales cédulas posteriores habían condenado semejante adscripción, aún cuando los dueños de las chacras manifiesten prescripción de los derechos a su favor, o consentimiento de los indios
Los yanaconas debían labrar las heredades ajenas, sin poder abandonarlas, es decir no podían ausentarse de ellas. Era esto una sanción? No lo afirma rotundamente el Dr. Vargas Gómez.
Porque… y no se trataba de una simple costumbre, de una costumbre viciosa que vivía al margen o en contra de toda ley, lo prueba el hecho de que el Virrey Don Francisco de Toledo, sancionase su existencia en unas célebres ordenanzas. Con la cual –comenta Solórzano- quedaron estos indios como parte –digámoslo así- de las mismas chacras y heredades y con ellas pasan a cualquier poseedor porque así como los indios no los pueden dejar o desamparar, tampoco los nuevos poseedores, pueden mudarlos o despedirlos…”.
Con ella tenemos que con la tierra el poseedor, tenía la obligación de respetarlos, protegerlos jurídicamente, socialmente, cristianamente, etc. Por eso manifiesta todavía en Corrientes nuestro maestro, que la institución subsiste como una costumbre vigente en el campo correntino, donde sucesivas transferencia del dominio del campo –hoy los propietarios son los compradores y vendedores no el Rey-, obligan al comprador, -quien acepta sin que conste en escritura alguna, o documento algún- la existencia de pobladores –yanaconas- dentro de su heredad, que vienen de padres a hijos por generaciones.
Para T. D. Bernard, se trata de una institución típica del denominado servicio personal de los indios. Aquellos que eran vagos o carecían de cacique o curaca que los gobernara, eran repartidos a perpetuidad entre los españoles, para que trabajaran en sus casas o quedaran adscriptos a sus chacras y otras propiedades.

REDUCCIONES Y MISIONES.

Reducciones: Los indios no repartidos en encomiendas se procuró que vivieran agrupados en núcleos de población, aislados de los españoles, con cierta autonomía administrativa, bajo la autoridad de sus propios alcaldes y alguaciles. Estos pueblos de indios se designaron primeramente con el nombre de reducciones, porque ante la resistencia de los aborígenes, que preferían una vida no sedentaria alejada de los colonizadores, fue necesario reducirles para que vivieran en población y se les declaró adscriptos al pueblo del que formaban parte. Más tarde se les llamó corregimientos, porque quedaron sometidos a la autoridad de un funcionario especial llamado corregidor de pueblos de indios. Este funcionario debía ejercer sobre los indios de su corregimiento una misión análoga a la del encomendero sobre los indios de su encomienda. Pero estas prevenciones de la ley no lograron en la práctica una eficacia mayor.
Todo pueblo o reducción de indios, gozaba de la propiedad de una extensión de tierra que por lo menos era de una legua a la redonda o en cuadro llamada resguardo. Estos resguardos eran de propiedad comunal y se beneficiaban económicamente distribuyendo las tierras que los integraban en tres partes: una que se parcelaba, adjudicándose las distintas parcelas anualmente a las diversas familias de la comunidad, para que las cultivasen y se beneficiasen de sus cosechas; otra que se destinaba a pastos para los ganados de la comunidad; y otra tercera que se labraba por todos los vecinos –según un sistema de trabajo gratuito- y de rotación obligatoria o que se adjudicaba a título de censo bien a indios, bien a españoles, ingresándose los beneficios que así se obtenían en las cajas de Comunidad.
En estos pueblos de indios jugaron papel muy importante las llamadas Cajas de Comunidad, cuyos fondos se destinaban al sostenimiento de hospitales, al auxilio económico de las viudas, huérfanos, enfermos e inválidos, al pago de los tributos, a sufragar los gastos de las misiones, al sostenimiento de casa de  recogimiento y de seminarios y colegios para hijos de los caciques, etc.
El caudal de estas cajas se nutría con ingresos procedentes de tres fuentes distintas: una agrícola, otra industrial, y otra censual.
La primera estaba integrada por el importe de los frutos que se obtenían del cultivo de ciertas extensiones de tierra colectivamente se hallaban obligados a realizar los indios de cada pueblo para el sostenimiento de su Caja de Comunidad.
La segunda de estas fuentes de ingreso la constituían los obrajes o fábricas de paños explotados en comunidad por los indios de ciertas regiones.
La tercera, pecuniariamente la más importante, resultaba del importe de los censos, obtenidos en las tierras comunales de los indios dadas para el cultivo, mediante el pago de un canon, a labradores indios o españoles.

Misiones: Existen con respecto a este tema, dos posiciones totalmente opuestas. Una en contra de las Misiones, diciendo que éstas esclavizaban a los indios en beneficio de la Compañía de Jesús.
En los primeros años del siglo XVII, secundando la política de colonización pacífica defendida por la corona para poblar y proteger las comarcas todavía no exploradas y las regiones fronterizas se establecieron en la Provincia de Guaira, las primeras misiones de religiosos jesuitas que pronto hubieron de alcanzar extraordinario desarrollo, organizando reducciones, o pueblos de indios que vivieron sometidos a la autoridad de un Padre Jesuita secundado por uno o dos asistentes. Crearon importantes núcleos de poblamiento, en zonas totalmente inhóspitas. La organización se ajustó a una rígida disciplina “…bajo ella encontraron los indios un estimable bienestar material, conseguido a expensas de un entregamiento absoluto en el  orden espiritual.
La organización de los pueblos estaba fundada en los mismos principios prescriptos en la legislación indiana. Los indios no sólo explotaban las parcelas individuales de tierras que se les adjudicaba, sino también trabajaban las tierras comunes –ayllú-.
Un modelo similar servía para todas las plantas urbanas: la plaza, la Iglesia, la casa de los misioneros, el cementerio, las casas de las viudas, las escuelas, los talleres, los depósitos de productos y las casas de los indios. El desarrollo de estos pueblos fueron favorecidos al contar con indígenas más útiles que en otras regiones.
También se consiguió aislar a los indígenas con las autoridades y colonizadores, siendo los jesuitas los únicos de raza blanco que habitaban los pueblos. Los indios allí se paga agrupados no formaban encomiendas –cuestiones luego que suscitan inconvenientes con los españoles, levantamiento de comuneros en Paraguay y Corrientes-. Asimismo se eximió a los indios del pago del tributo durante los diez primeros años posteriores a su conversión. Aunque el gobierno local era ejercido en principio por funcionarios indígenas, los religiosos tuvieron una activa participación en todos los aspectos de la vida del pueblo. Administraban justicia –los jesuitas- regulaban el sistema económico y en realidad gobernaban políticamente.

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ACTA DE FUNDACION 

        En el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y espíritu, tres personas y un solo Dios Verdadero, y de la Sacratísima Virgen su madre, y del Rey don Felipe nuestro Señor; Yo el Licenciado Don Juan de Vera y Aragón, Adelantado, Capitán General, Justicia Mayor y Alguacil de todas estas provincias del Río de la Plata, por su Majestad en cumplimiento de las Capitulaciones que hizo el Adelantado don  Juan Ortiz de Zárate de que poblaría ciertos pueblos en estas Provincias, Fundo y asiento y pueblo la CIUDAD DE VERA en el sitio que se llama de las Siete Corrientes, Provincia del Paraná y Tapé, con los límites y términos siguientes: de las ciudades de Asunción, Concepción de Buena Esperanza, Santa Fé de la Vera Cruz y Salvador, Ciudad Real, Villa Rica del Espíritu Santo, San   Francisco y Mbiaza, la costa del norte, para agora y para siempre jamás, en el entretanto que Su Majestad o por mí otra cosa no sea mandado en su real nombre. La cual dicha parte parece ser mejor e buen sitio donde la gente pueda estar y poblar, por tener como tiene tierras de labor, leña, pesquería e pastos e montes para sustanciación de los dichos pobladores y de sus ganados,  para la perpetuación  de dicha ciudad con muchas tierras  para  estancias para repartir a los pobladores y vecinos de ella, como su Majestad lo manda en sus Reales Cédulas, con protestación que si se hallare otro sitio mejor se pueda trasladar la ciudad con el propio nombre donde convenga mas al servicio de Dios y de Su Majestad y utilidad de los pueblos, y esta mudanza se haga con acuerdo y parecer del Cabildo, y así, en nombre de Su Majestad y por virtud de sus reales poderes que tengo y que por notoriedad no van aquí insertos:

Nombro Alcaldes, Regidores, Procurador General de la Ciudad, Mayordomo de ella para que la tengan en justicia, guarda y conservación,  administrando justicia en los negocios civiles y criminales anexos a sus oficios, conforme a las Cédulas y Ordenanzas que Su Majestad  tiene dadas a las ciudades de las Indias para que usen de dichos oficios anexos a sus cargos; conviene a saber: 


Alcaldes ordinarios y de hermandad, a Francisco García de Acuña, y Diego Ponce de León, Regidores, Alguacil Mayor, Juan de Rojas, Martín Asencio Gonzalez,  Alonso de Velasco, y Héctor Rodriguez, Asencio Gonzalez, Estevan de Vallejos, Francisco de León, Diego Natero, Francisco Rodriguez, Pedro Lopez de Enciso, Fiel ejecutor, Melchor Alfonzo, Procurador, Antonio de la Madrid, Mayordomo, Gerónimo Ibarra, …Que la elección se haga en un día señalado, … por la presente nombro y señalo la elección de los oficios en  cada un año por el día de año nuevo, nombrando los que salieren a los que entraren bajo juramento conforme a derecho, ….nombrando a aquellas personas que con mas rectitud y celo entendieron que conviene al servicio de Dios y de Su Majestad, para el buen gobierno de dicha ciudad, como se hace en los virreynos del Perú y en todas las Indias. Fecho en la ciudad de Vera, a 3 días del mes de abril, de 1588, Firma, el Licenciado Juan Torres de vera y Aragón.  Testimonio de Nicolas de Villanueva, Escribano público y del Cabildo, Por el Rey DON FELIPE NUESTRO SEÑOR.